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Se aprobó el proyecto para que sea gratuita la escrituración de las viviendas de IPPV

La Legislatura de la Provincia aprobó el proyecto impulsado por la Gobernadora, Arabela Carreras, que propone establecer un régimen jurídico especial para la escrituración gratuita de las viviendas construidas o financiadas por el IPPV.

Fecha: 6 de octubre de 2021
El barrio Ceferino de Viedma es uno de los que inlcuye esta propuesta.Crédito: Rafael Alvian/Gobierno de Río Negro

Esta iniciativa se va a concentrar en las viviendas denominadas colectivas o PH, también llamadas monoblock, que se construyeron por el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) hasta 1993. Son aproximadamente unas 12.000.

El proyecto también incluye dos puntos clave: incorporar a la mujer como titular de la vivienda y que la mensura definitiva sea la misma que está en el plano original para que posteriormente cada propietario pueda hacer la regularización de los metros de más que haya construido en la vivienda.

El principal motivo que impulsó este proyecto fue la imposibilidad de muchas familias de afrontar los incrementos en el plan de amortización de acuerdo a los valores que actualiza el Gobierno de la Nación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Es decir, en los últimos años se ha notado que las familias a las que el Estado pretendía beneficiar asignándoles una casa, terminan viendo afectado gravemente su patrimonio al tener que afrontar el pago de una vivienda social a precio del mercado inmobiliario.

De la totalidad de las viviendas, un tercio ya tienen escrituración; el 30% pagó pero nunca realizó el trámite de la escritura y el resto continúa con los planes de cancelación.

“La regularización dominial es fundamental, ya que busca cumplir con una política pública que haga realidad y formalice el derecho constitucional de la propiedad. Tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las familias, colaborar con la integridad social y fomentar espacios de inclusión”, sostuvo la interventora del IPPV, Inés Pérez Raventos.

Con esta medida, el Gobierno Provincial busca cumplir efectivamente con una política pública que haga realidad y formalice el derecho constitucional de propiedad, brindando seguridad jurídica a las familias, colaborando con la integridad social y fomentando espacios de inclusión.

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