Un sector específico de la Dirección de Tierras investiga eventuales estafas al Estado

Las tierras, de unas dos mil hectáreas, se encuentra a la altura del embalse El Chocón.

 

Reveló además que “se está trabajando con la Universidad Nacional del Comahue (UNC) desde hace un año para tener un sistema de tasación nuevo” que fije valores razonables al momento que un particular quiera adquirir tierras fiscales.

Indicó en este sentido que el sistema actualmente vigente “arroja valores muy bajos y por eso ha dado pie a que se vendan tierras fiscales a precios irrisorios, que es algo que está gestión pretende cambiar”.

Hay que recordar que el viernes último el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, anunció que se presentó una demanda en sede contencioso administrativa destinada a recuperar un campo de origen fiscal que fue vendido por el Estado provincial a un particular “con serias irregularidades en el procedimiento de adjudicación y a un precio de 9,18 pesos por hectárea”.

También se dio intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a los efectos que analice posibles presentaciones penales por el accionar de los funcionarios intervinientes.

El campo de origen fiscal se ubica en el departamento El Cuy, en una zona determinada como paraje El Gigante, con costa al Lago Ramos Mexía del embalse El Chocón, fue vendido irregularmente a dos particulares y en 2013 una de esas fracciones, de 1.414 hectáreas, se transfirió  a un Fideicomiso identificado como “Southern Desarrollos Fiduciarios SRL”, empresa dedicada al desarrollo y administración de proyectos de inversión directa en los rubros agroindustria, inmobiliario, turismo y minería.

Álvarez Costa destacó que estas irregularidades en expedientes que son de la gestión anterior se detectan “porque tenemos un sector específico encargado de analizar situaciones que cuenten con vicios y determinar los pasos a seguir”.

Al consultársele cómo se determina el valor de un campo de origen fiscal, informó que “se está trabajando con la Universidad Nacional del Comahue (UNC) desde hace un año para tener un sistema de tasación nuevo que permita establecer parámetros razonables, si se quiere, no parámetros que tengan que ver con un precio de mercado, sino que haya un reconocimiento para la persona que viene de primera, segunda o tercera generación trabajando la tierra, que sea equilibrado”.

Explicó que el sistema actual “arroja valores muy bajos, con lo cual, como ha pasado, se ha vendido tierra fiscal a valores irrisorios, en tanto que la actual gestión quiere que haya otro sistema, que otorgue una base de venta más justa y equilibrada”.

Sobre el caso denunciado el viernes último, el Ministro Di Giácomo indicó que es grave “que la Provincia enajene tierras a precio vil para que después se transformen en negocios millonarios”, destacando que “esta gestión desde sus inicios, tanto desde el punto de vista legislativo, con la comisión que se constituyó, como desde el Ejecutivo, estamos trabajando en regularizar todas estas situaciones”.

Afirmó que “lamentablemente nos encontramos con que son muchísimas las irregularidades que se cometieron en la gestión anterior, lo que estamos tratando es de separar ‘la paja del trigo’ ante cada caso en particular, porque hay situaciones que pueden ser entendibles, subsanables, y otras que configuran una estafa”.

Sobre el loteo en marcha que está haciendo “Southern Desarrollos Fiduciarios SRL”, informó Álvarez Costa que “la orden de detener todo tipo de trámite respecto al avance de este proyecto productivo o inmobiliario ya está desde hace 45 días, se ha hablado con la Secretaría de Medio Ambiente y con el Departamento Provincial de Aguas, por el tema del riego, y todo ya está detenido”.

Al consultársele por qué se decidió este tipo de demanda judicial y no el camino legislativo como se hizo en otros casos recientemente, explicó que “en el caso de la Meseta de Somuncura se fue por una doble vía, también se hizo una demanda del mismo carácter que ésta y paralelamente se sancionó una ley para su restitución; las vías son  alternativas. Nosotros entendemos desde el Ejecutivo que la presentación ante Fiscalía otorga determinadas garantías para defender la postura del Estado ante reclamos”.

Álvarez Costa reveló sobre el caso por el cual hoy se demanda que “en 1999 el estado provincial reconoce formalmente como ocupante fiscal a Emilio Carrizo, de quien existía registro desde el 1988. En el 2002 Carrizo, alegando razones de salud, transfiere los derechos que poseía sobre el predio a Roberto Aroca”.

Agregó que “en junio de 2006 Aroca solicita autorización a la provincia para transferir parte de los derechos que le correspondían sobre el campo a Emanuel Gianovich, invocando la misma causal que Carrizo 4 años antes”.

Explicitó sobre este trámite que ahora el Estado cuestiona por su ilegalidad que “entre fines de 2006 y comienzos de 2007 la Dirección de Tierras concede el fraccionamiento de este predio rural de 1988 hectáreas ubicado en el Lote 42, Colonia El Cuy, paraje El Gigante (El Chocón), adjudicando en venta las partes resultantes de manera que Roberto Aroca compra 574 hectáreas a un valor total de 4.750,37 pesos (1.522 dólares) y Emanuel Gianovich adquiere las restantes 1.414 hectáreas por 11.682,48 pesos (3.842 dólares)”.

Álvarez Costa informó que del análisis de los expedientes por su gestión emergen una serie de vicios “que permiten objetar la transferencia de tierras fiscales que se realizaron a manos de particulares”.

Enumeró entre esas irregularidades las ventas de derechos y mejoras entre particulares sin justificarse las mismas; falta de inspecciones al predio aún mediando presentaciones de terceros que indicaban el abandono productivo del inmueble; incumplimiento del tiempo de ocupación necesario para poder hacerse entrega del título de propiedad, ya que la ley exige 5 años y este plazo no se llegó a cumplir, y llamativa celeridad administrativa para regularizar las tenencias fiscales”.

Ejemplificó al respecto que “el mismo día que se reconoce formalmente a Gianovich se registra el duplicado de mensura en Catastro indicando qué fracción del campo le correspondía a cada ocupante”.

Entre otros vicios, mencionó el funcionario de Tierra que “Emanuel Gianovich carece de perfil para adquirir tierras fiscales; el predios se encuentra dentro de un Área Natural Protegida y el expediente no tuvo la intervención necesaria del CODEMA –actualmente Secretaría de Medio Ambiente-, lo que toma nulo el trámite”.

Concluyó que hay a todas luces “un procedimiento administrativo irregular que adolece de vicios cuya envergadura resulta suficiente para solicitar la retrocesión de los títulos de propiedad entregados en sede judicial”.