Educación ratifica enfoque en derechos humanos y determina acciones ante discursos de odio

La aclaración hace referencia a la publicación en redes sociales de mensajes de odio que banalizan y reivindican mecanismos de privación ilegítima de la libertad que caracterizaron al Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar en Argentina.

Además, comunicó distintas acciones que se están llevando a cabo desde la cartera educativa para abordar el caso puntual que tomó estado público en el día de ayer.

En este sentido, desde el Ministerio se lleva adelante la producción de recursos pedagógicos audiovisuales sobre el 24 de marzo, la serie “Promoción de Derechos” de la Secretaría de DDHH, itinerarios de enseñanza, casos para analizar en el aula, lineamientos pedagógicos para los distintos niveles, ediciones de NotiPietro y entrevistas a referentes de DDHH de la provincia, entre otros, disponibles en diferentes formatos y con acceso libre en el portal #HaciendoEscuelaRN.

Además, en materia de formación permanente se presentó este año el trayecto de formación autogestionado sobre Educación y Memoria, se presentaron propuestas formativas para el gobierno escolar desde una perspectiva de derechos e incluso se prevé una réplica de la capacitación organizada el año pasado conjuntamente con Abuelas de Plaza de Mayo sobre el derecho a la identidad, entre otras acciones.

En este escenario y tras el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos caracterizando como “inadmisibles” a las expresiones que trascendieron, el Consejo Provincial de Educación dará intervención a la Junta de Disciplina Docente como organismo responsable -según la normativa vigente- de instrumentar una prevención sumarial. Esta acción se implementa a los fines de esclarecer lo acontecido y, en un plazo de cinco días hábiles, recabar pruebas y documentación respaldatoria para que la Junta pueda determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un sumario, garantizando siempre el debido proceso.

Asimismo, se instruyó a la Supervisión correspondiente para proceder a la revisión del proyecto educativo institucional del establecimiento, a los fines de corroborar si el mismo se encuadra en la perspectiva de derechos fijada por los marcos legales y acompañar a la institución en una eventual reformulación y en su implementación durante el ciclo lectivo.