Río Negro participó de la reunión de la Comisión Asesora Técnica de la Ley Ovina

El encuentro, que se realizó de manera virtual, fue encabezado por el subsecretario de Ganadería y Producción Animal de Nación, José María Romero; por parte de Río Negro estuvo el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi; y en representación de los productores, Daniel Laballen.

También estuvieron presentes el director de Ganadería de Nación, Silvio Marchetti, junto al equipo técnico de la Ley Ovina, como así también de los representantes de las provincias, tanto de productores como de los Gobiernos Provinciales que están adheridas a la ley.

Con respecto al presupuesto, hasta el 2021 era de hasta $80.000.000 por año, y a partir de este va a ser de $850.000.000, lo cual en la reunión se informó que va a estar disponible para este año.

En esta línea, se comenzó un proceso de evaluación de cómo distribuir el presupuesto para llegar a una ecuación que sea equitativa y ecuánime para las distintas provincias, tanto para aquellas que tienen menos historial en la producción ovina, con menos cantidad de productores y cabezas, como con aquellas que son provincias netamente ovejeras como son las patagónicas.

Sobre esto, el secretario Bassi destacó que “particularmente a Río Negro nos correspondería aproximadamente una disponibilidad de $38.000.000 del presupuesto de este año, lo que sumado al recupero de los créditos de años anteriores sería del orden total de los $46.000.000, en este sentido nosotros vamos a organizar una reunión de la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Ovina (UEP) el 23 de marzo en Ingeniero Jacobacci, a los efectos de reunir a todos los representantes de las distintas organizaciones que participan en la misma”. 

El funcionario provincial agregó que “vamos a delinear un plan estratégico para la ejecución de los recursos del presente año y establecer las líneas de financiamiento que se pondrán a disposición del sector, las cuales informaremos inmediatamente después de la reunión”.

Cabe destacar que se arribó a un acuerdo, en el cual esta distribución garantiza a las provincias que tienen menos stock y menos cantidad de productores una disponibilidad de recursos que les permita implementar la ejecución de la ley de manera acorde y también que aquellas con mayor historial ovejero o que su actividad principal es la actividad ovina, puedan contar con recursos disponibles suficientes.

Hubo un consenso generalizado a la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, porque se consideró una iniciativa federal, en beneficio de la totalidad de las provincias.