En este marco, los integrantes del Comité se reunieron con el ministro de Gobierno, Hugo Lastra y otros funcionarios de esa cartera para delinear un trabajo conjunto. Participaron también el secretario de gobierno, Gastón Coumeig y el director de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales, Gastón Bossio.
El Comité se constituye en el ámbito de la Legislatura y ejerce sus funciones de manera independientes, actuando en forma coordinada y articulada como organismo local complementario del que se constituya en el ámbito nacional.
El cuerpo orientará sus actividades según los estándares establecidos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y Protocolo Facultativo y las normas, principios y reglas referidas al trato de personas privadas de la libertad adoptadas por la Organización de las Naciones Unidades (ONU).
Entre otras funciones, el Comité se ocupará de realizar visitas periódicas, sin necesidad de aviso previo, en días hábiles o inhábiles y en diverso horario y con acceso irrestricto a todo edificio de cárceles, unidades policiales y otros lugares de detención o encierro.
Además, este Comité recibirá denuncias por violaciones a la integridad psicofísica de las personas privadas de su libertad y realizará informes sobre las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
Podrá también elaborar propuestas y proponer sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a adoptar en la materia sobre el mejoramiento de las prácticas carcelarias y lugares de encierro.
También realizará entrevistas y mantendrá comunicación personal y confidencial con personas privadas de su libertad, familiares de éstos u otras personas; al tiempo que será su deber comunicar en forma inmediata a los organismos nacionales o provinciales o funcionarios judiciales que correspondan los hechos de tortura o malos tratos que pudieron conocer.
Integrarán el Comité Raúl Eugenio Prytula, Mara Bou, Rubén Marigo, Emiliano Ernesto Sanhueza, Néstor Osvaldo Silva, Darío Rubio, Marisel Lorena Lanciotti, Héctor Guillermo Cévoli y Germán Hinrishsen por los organismos de Derechos Humanos. También Silvia Horne y Alejandro Betelú por el Poder Legislativo, Gastón Bossio por el Ejecutivo y Juan Pablo Chirinos por el Judicial.
“Es importante el apoyo del gobierno”
El abogado Rubén Marigo, referente de la APDH de Bariloche, explicó que el trabajo del Comité será “investigar todo aquello que sea tortura, vejámenes o tratos inhumanos” y remarcó que la conformación de este cuerpo “es una conquista de los organismos de Derechos Humanos que hace año venimos peleando por esto”.
“Queremos cambiar las condiciones de detención de los rionegrinos”, dijo el abogado. Destacó que la mayoría de referentes de organismos de Derechos humanos en la integración del Comité “nos permitirá ser críticos cuando haya que serlo y apoyar cuando también tengamos que hacerlo”.
Subrayó que Río Negro es la segunda provincia del país, después de chaco, en conformar este Comité, y esto se debe “al importante apoyo que este gobierno le dio a la temática, especialmente con la declaración de emergencia carcelaria que logró este tipo de cosas”.
Pidió luego a la Justicia que “tenga actitud activa en esto” y reclamó una “una decisión política desde el Superior Tribunal de Justicia, para que entiendan que el sector que está detenido y privado de las condiciones dignas es aquel que esta excluido en la sociedad”.
Los referentes de los organismos de Derechos Humanos destacaron el encuentro mantenido con las autoridades provinciales y anunciaron que a fines de junio habrá un acto formal de presentación del Comité en General Roca, con la presencia de ONGs de todo el país.