Asistieron además el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Dominguez; el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; los ministros de Planificación, Julio De Vido; de Interior, Florencio Randazzo, y de Industria, Débora Giorgi; y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, entre otros funcionarios.
El proyecto establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones, de las cuales el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.
Cabe señalar que actualmente las acciones de la compañía se distribuyen de la siguiente forma: 57.43% en manos de Repsol, 0.02% posee el Gobierno, 25.46% tiene el Grupo Petersen y 17.09% cotiza en Bolsa y está en manos de diferentes inversores.
A partir de que la propuesta se convierta en ley, el 51% de las acciones expropiadas pasarán a manos del Estado nacional, mientras el restante quedará bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que integra Río Negro junto con el resto de las provincias con producción petrolera.
La iniciativa destaca la utilidad pública de las actividades de YPF Sociedad Anónima, y se establece la necesidad de garantizar el desarrollo económico, así como el crecimiento "equitativo y sustentable de las provincias".
En el proyecto, se establece que el Poder Ejecutivo arbitrará las medidas al cumplimiento de esta medida, con el concurso de los estados provinciales y el capital público y privado nacional e internacional.
En este marco, la Presidenta designó al ministro de Planificación, Julio de Vido; y al viceministro de Economía, Axel Kicillof, como interventores de la misma.
Cristina Fernández precisó durante el acto que estuvo reunida con ambos funcionarios ayer, al regresar de Cartagena de Indias, tras participar de la Cumbre de las Américas.