LA DIRECCIÓN DE TIERRAS RECONOCERÁ AL OCUPANTE QUE VIVE Y TRABAJA, NO PERMITIENDO LA ESPECULACIÓN O EL NEGOCIO

Álvarez Costa, cuya área depende del Ministerio de Gobierno, informó que “en este primer tramo de la gestión la idea es continuar con la revisión de las transferencias de tierras que se han realizado, a consecuencia de las denuncias que se han producido y que son de público conocimiento. En esto se está trabajando con la Fiscalía de Estado, que es el órgano que se encarga de representar los intereses provinciales en cuestiones de litigios judiciales”.

 

Agregó que un segundo eje de gestión pasa por “reformar todo el sistema de tasación de tierras rurales, a los efectos de evitar  que continúen esas ventas a precio vil que han sucedido en los últimos años”.

 

Recordó que “a comienzos de año el Gobernador firmó precisamente el decreto 337/12 que crea la Junta Temporal Revisora, integrada por el Director de Tierras, un contador y dos abogados, quienes se encargan de revisar estas transferencias del 2004 a la fecha y dar intervención a la Fiscalía; en el marco del mismo decreto se crea el Cuerpo Interdisciplinario de Precios, formado por la Dirección de Tierras, la Dirección de Ganadería y la Agencia de Recaudación Tributaria, para reformar todo este sistema de tasación y evaluación”.

 

Dijo que con la comisión legislativa que está abordando esta temática “se trabaja en conjunto porque las funciones son similares y tratamos de complementar las investigaciones y generar un intercambio fluido de información”.

 

 

Revisión de las Transferencias

 

Por otra parte, Álvarez Costa informó que la revisión de las transferencias se están haciendo “desde el 2004 a la fecha, ya que la Provincia estuvo 10 años sin vender tierras fiscales y reactivó ese proceso hace ocho años”.

 

Dijo que cuantificar cuántas tierras se transfirieron en ese periodo “es parte del estudio que estamos llevando a cabo”, adelantando que “los puntos más sensibles están ubicados en la Zona Andina, por la riqueza de los recursos naturales que hay y las aptitudes productivas que hay en esa área”.

 

Respecto a si hay casos emblemáticos que se investigan, el funcionario afirmó que “los hay, como el de la Meseta de Somuncura, unas 24 mil hectáreas, donde ya se dio intervención a Fiscalía de Estado y de hecho está judicializado. Aquí, la Provincia recabó cuáles son las irregularidades que hubo y acceder a la justicia a los efectos de permitir la nulidad de aquel acto administrativo”. 

 

Agregó que “al haber generado derechos sobre particulares, la única manera de hacer caer un acto administrativo es con la venia judicial; lo que tiene que hacer la justicia es justamente confirmar que las irregularidades detectadas tienen la entidad suficiente para retrotraer esos actos administrativos”. Adelantó sobre este caso que “la medida cautelar obtuvo sentencia favorable, así que está encaminado eso”.

 

Sobre esa área en cuestión, el Director de Tierras mencionó también que “existe un proyecto destinado a declarar Parque Nacional una zona aledaña, lo que muestra la importancia y la riqueza que tiene”.

 

 

Reforma del sistema de tasación

 

Sobre el segundo de los ejes de trabajo, la reforma del sistema de tasación y evaluación, Enrique Álvarez Costa explicó que “el sistema anterior que se utilizaba, si bien científicamente tenía particularidades que correspondían porque tenía en cuenta cuestiones productivas, la realidad dejaba un marco de discrecionalidad muy grande al funcionario de turno a los efectos de generar bonificaciones”.

 

“Esto llevó a que, al momento de vender tierras, de acuerdo a quién fuese el adquirente, el valor de la misma variaba notablemente, dando lugar a la venta, por ejemplo, en Meseta de Somuncura, a 9,18 pesos la hectárea, un precio irrisorio”, aseveró.

 

El Director de Tierras indicó que “la idea es adecuarlo a las nuevas realidades, a los nuevos sistemas productivos, teniendo en cuenta puntos especiales de acuerdo a la zona; en el área de Catriel tenemos explotación hidrocarburífera, en lo que es la cordillera, aptitud para el turismo, es decir, tener en cuenta esos factores que por ahí estaban relegados en las anteriores tasaciones”.

 

Expresó que “paralelamente existe la idea de impulsar un proyecto de ley destinado a regular lo que se denomina plusvalía, es decir, que a partir de la primera venta que realice el particular, el Estado tenga participación del excedente que haya entre el precio que vendió en primera instancia y el que vende el particular al tercero. En esto nos vamos a sentar con los legisladores porque es un tema que amerita el debate”.

 

Respecto a la limitación temporal que había de poder transferir luego de una adjudicación, que en principio se ha vulnerado en los últimos años de acuerdo a algunas denuncias, Álvarez Costa explicó que “existe un decreto reglamentario de la Ley de Tierras que prevé la imposibilidad de transferir dentro de los cinco años posteriores a la adjudicación; en determinados casos se ha violado este límite temporal que, por otra parte, es bajo, en principio existe la idea de extenderlo a diez, pero creemos además que el límite temporal no es suficiente porque se pueden realizar explotaciones de hecho y los papeles recién cristalizarlos después del periodo de veda”.

 

“La idea sería poner una traba integral al tema a los efectos de poder evitar estas especulaciones inmobiliarias que están prohibidas por la propia constitución de Río Negro; la constitución es clara, la tierra es para quien la trabaja y para el que vive, no para el que busca hacer negocios”, sentenció.

 

Informó además que desde el área se va a atender “lo que tiene que ver con las demandas de los pueblos originarios; es un sector que ha sido postergado durante mucho tiempo, pese a haber legislador tanto en el orden provincial como nacional, incluso tratados internacionales”.