La medida de ascenso y el pago de retroactivo cumplimentado por el Gobierno de Río Negro subsanan una deuda histórica que el Estado tenía con el personal del Servicio Penitenciario.
La Dirección del Servicio Penitenciario Provincial confirmó que se trabajó sobre los empleados comprendidos en el periodo calificativo desde el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2017. Asimismo, 189 efectivos no lograron aprobar las condiciones mínimas y necesarias para alcanzar su máxima jerarquía inmediata.
En tanto, en agosto próximo se reunirá nuevamente la junta ordinaria para evaluar quienes están en condiciones de ser promovidos a partir de enero de 2019.
Esta evaluación requirió reunir requisitos y condiciones que permiten prever un buen desempeño en el grado superior para el desarrollo del cargo dentro de la institución. Por esto, se evaluaron aptitudes funcionales, intelectuales y físicas establecidas en el “Régimen de Promociones y Ascensos” de la Ley Orgánica Penitenciaria.
Para la medida tomaron intervención la Dirección de Asuntos Legales de Servicio Penitenciario Provincial, la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía de Río Negro, la Unidad de Supervisión de Control Interno del Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Fiscalía de Estado.