La Comisión creada en la órbita de la Secretaría de Seguridad y Justicia, estará integrada por un representante de esa Secretaría, que la presidirá; un representante de la Secretaría de Derechos Humanos, y un representante del Comité Provincial de Evaluación de Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y contará con un plazo de sesenta días a los fines de producir un informe aconsejando las medidas a adoptar en cada uno de los casos.
De esta manera, el Poder Ejecutivo instruyó al Secretario de Seguridad, a través del Ministerio de Gobierno, que se aboque de manera inmediata a la revisión y evaluación de los casos que salieron a la luz con motivo de la auditoría que el Poder Judicial realizara sobre el Juzgado de Instrucción Nº 30 de Choele Choel.
En ese marco, y habiéndose relevado más de 60 causas tipificadas en el artículo 144 bis del Código Penal (que vincularían como presuntos autores a agentes de la Policía Provincial), se resolvió iniciar de manera inmediata la conformación de una entidad colegiada que tendrá por objeto llevar adelante el relevamiento de estas causas y sugerir medidas a adoptar a la finalización de un plazo perentorio.
De esta manera se revierte la falta de voluntad política de las anteriores administraciones, en procura de advertir y corregir conductas disvaliosas que encuentran como parte a la Policía de Río Negro.
La actual gestión de Gobierno enfrenta la situación revelada a partir de la auditoría realizada por el Poder Judicial, iniciando un proceso que dé debidas garantías a los agentes que se encuentran comprendidos dentro de esas denuncias, pero que al mismo tiempo, sepa dar respuestas a la sociedad que indudablemente mantiene quejas para con el funcionamiento de la policía de Río Negro.
El Poder Ejecutivo decide romper una cadena de años de impunidad y de silencio, para echar luz dando el derecho de debida defensa de los policías.