Gobierno de Río Negro

WERETILNECK ENVIÓ A LA LEGISLATURA PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL PAGO DEL ADICIONAL POR UBICACIÓN “ZONA DESFAVORABLE”

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, elevó ayer a la Legislatura Provincial el Proyecto de Ley con Acuerdo General de Ministros que establece el pago del adicional por ubicación “zona desfavorable” en el ámbito del Poder Ejecutivo rionegrino. La medida alcanza a los agentes comprendidos en el Régimen Retributivo Transitorio (Ley L Nº 3.959) y los Escalafones Sanitario (Ley L Nº 1.904) y Penitenciario (Ley S Nº 4.283).

Fecha: 11 de julio de 2012
Este incremento será del 40% del total de la asignación básica y tendrá carácter remunerativo y no bonificable. El mismo se fijará conforme a las posibilidades económicas reales del Estado Provincial, destacándose en el texto de la iniciativa el esfuerzo realizado por el Gobierno para alcanzar estos objetivos. En su artículo segundo el proyecto prevé que el Consejo Provincial de la Función Pública y Reconversión del Estado determinará las pautas y el cronograma para la percepción progresiva del adicional creado, teniendo en cuenta la disponibilidad financiera del Tesoro Provincial al momento de su implementación. La misma no podrá exceder de los 24 meses de su entrada en vigencia, fecha en la cual la totalidad de los trabajadores comprendidos en la norma deberán alcanzar el porcentaje total de zona desfavorable. La iniciativa otorga al Ministerio de Economía la facultad de realizar las adecuaciones presupuestarias que considere necesarias para dar cumplimiento a este proyecto de Ley. Esta normativa es una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca adoptar medidas que tiendan a mejorar la situación salarial de los rionegrinos que forman parte del sector público provincial, atendiendo dicha necesidad con la máxima celeridad y receptando las genuinas sugerencias surgidas de los sectores gremiales que los representan. La aplicación de este proyecto que no sólo cumple con las obligaciones esenciales del Estado sino que se encamina a la reconstrucción del andamiaje jurídico/salarial que durante los últimos años le ha sido vulnerado al empleado público, forma parte de uno de los principales objetivos de esta gestión de Gobierno, que lleva tan sólo siete meses de iniciada. Mediante el dictado de la Ley Nº 1.355, se estableció en la Provincia de Río Negro el “adicional por zona desfavorable”, reconocimiento que en aquella oportunidad nació para ser aplicado a la totalidad de los agentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta suma adicional incorporada al salario de los trabajadores es un derecho que en términos generales se aplicó, y se sigue aplicando, en la mayoría de las Provincias Patagónicas. Las características de cada una de ellas, y en especial las condiciones de vida de sus habitantes, fueron determinantes para promover la sanción de toda una legislación que tuvo por objeto, la promoción de la radicación poblacional en lugares inhóspitos alejados de los grandes centros urbanos, como así también, para compensar condiciones desiguales de desarrollo, sea en lo económico, social o cultural. Asimismo, el Estado Nacional sancionó la Ley Nº 18.883, mediante la cual se estableció un coeficiente del 1,2 en concepto de adicional por zona desfavorable para las provincias patagónicas ubicadas al sur de la provincia de Río Negro. Posteriormente la Ley Nº 23.272, determinó que a los efectos de las leyes y disposiciones legales del orden nacional debían incluirse las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Finalmente la Ley Nº 25.955 incorpora igual tratamiento a todos los habitantes de la región patagónica y al partido bonaerense de Patagones. Las normas que sucesivamente se sancionaron estableciendo este adicional, no sólo favorecían a los trabajadores del sector privado, sino también a los del sector público. Cabe mencionar que en la década del ‘90 el suplemento por zona desfavorable fue utilizado como una variable de ajuste, generando en muchos de los trabajadores de nuestra Provincia una pérdida importante de su capacidad de ingreso y, por ende, de su calidad de vida. En ese mismo orden de ideas en el año 1998, se sanciona en la Provincia de Río Negro la Ley H Nº 3.238, que transforma 50% del adicional “zona desfavorable”, en un nuevo adicional denominado “adicional por gestión pública”, con lo cual el original 40% que correspondía al primero de los aludidos adicionales, resultó reducido al 20%. En el año 2004 la Ley Nº 3.824 establece una nueva escala salarial para el personal de carrera sanitaria, incluyendo entre sus adicionales la zona inhóspita, facultando al Poder Ejecutivo a fijar y/o modificar por vía reglamentaria el sueldo básico, los coeficientes y los porcentajes correspondientes a los adicionales de acuerdo al grado de complejidad de la función. Posteriormente la Ley L Nº 3.959 fijó el Régimen Retributivo Transitorio a partir del 1º de Enero de 2005, estableciendo que la totalidad de adicionales, bonificaciones y suplementos que percibían los agentes escalafonados en las Leyes L Nº 1.844, Nº 2.094, Nº 1.911, Nº 2.593, sean absorbidos por el nuevo régimen retributivo transitorio. El Artículo 6º de la referida Ley L N° 3.959 autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a establecer valores de asignación básica, como asimismo, a disponer adicionales y suplementos que hagan a la carrera administrativa del agente en el nuevo Régimen Retributivo Transitorio, su otorgamiento, excepciones, incompatibilidades, forma de cálculo y monto. La Ley Nº 4.012, estableció la derogación, a partir del 1° de Enero de 2005, del adicional por zona desfavorable y por gestión pública, entre otros. De esta forma desaparece como concepto adicional en la remuneración de los trabajadores la “zona desfavorable”. El Gobierno Provincial ha tomado la decisión de avanzar en una política salarial del empleado público tendiente a reconstruir la misma bajo pautas que tiendan a mejorar su labor en consonancia con las posibilidades económicas de la provincia. Esta concepción se corresponde con el ideario de todo gobierno cuya legitimidad proviene del voto popular y un obrar responsable en el manejo de sus recursos. Los esfuerzos tendientes a ordenar el gasto público y propiciar una mayor transparencia en la gestión, dan la posibilidad de comenzar a transitar el camino tendiente a la recomposición de los derechos salariales de los agentes públicos rionegrinos.

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